Así evadió el Ejército a la justicia en casos de falsos positivos, según la JEP

Escrito por el julio 7, 2021

La Sala de Reconocimiento de la JEP le imputó cargos a un general y a otros nueve uniformados en el macrocaso de los falsos positivos en el Catatumbo. Según la investigación, para evadir los procesos penales y disciplinarios por los asesinatos, se habrían quemado expedientes, coordinado versiones para mantener la misma historia entre varios uniformados y hasta hay registros de asesinatos a testigos claves.


Soldados del ejército inaguran el monumento para honrar la memoria de los héroes caídos en combate de las Fuerzas Militares, se erigió en la Macarena, Meta.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de tomar una de las primeras decisiones de fondo sobre uno de los asuntos más espinosos del conflicto colombiano y que vuelve a poner en el ojo del huracán la actuación del Ejército: la ejecución extrajudicial de civiles que luego fueron reportados por la Fuerza Pública como miembros de grupos al margen de la ley, crímenes conocidos comúnmente como falsos positivos. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de esta justicia especial le imputó cargos al general (r) del Ejército Paulino Coronado, a otros nueve militares y a un civil por 120 casos de “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.

En el documento de 284 páginas, esta Sala de la JEP detalló no solamente cómo se estructuró el plan criminal por parte de los uniformados, sino que dio detalles de cómo funcionó la estrategia de estos soldados para que, hasta la justicia ordinaria y la militar, les ayudara a mantener en silencio y en la impunidad los asesinatos que hoy son reconocidos como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según este documento de imputación de cargos, el plan constaba de varias etapas: “Una estrategia judicial dirigida a asegurar la consistencia y coherencia del reporte de la baja en combate y dar base sólida a la misma ante cualquier investigación judicial y disciplinaria; y una estrategia que a través de la fuerza y la intimidación asegurarían que ningún testigo y ningún familiar de las víctimas pudiera esclarecer lo ocurrido”.

Como la propia Sala admite, se retomaron hechos que la justicia ordinaria ya había reconstruido, pero que no tuvieron mayor avance en a judicialización de uniformados. Por ejemplo la JEP explica en el documento que el encubrimiento y la legalización de los asesinatos inició con la alteración de la escena del crimen con el fin de poder reportar la baja en combate. Para tal fin, las muertes de 2008 siguieron utilizando el denominado “kit de legalización” que ya había sido perfeccionado en 2007 y que incluía la colocación de armas junto a los cuerpos de las víctimas y gastar munición para simular un combate. Estos crímenes ocurrieron en los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

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